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30/07/2025

La Justicia de Mendoza definió cómo será la pena para los turistas que pintaron las piedras en Potrerillos

Fuente: 1753919755

Se trata de un grupo de ciudadanos bonaerenses que deberán pagar una multa conjunta y realizar tareas comunitarias tras ser encontrados culpables de dañar el patrimonio natural mendocino

>Después de varios días de repercusión en redes sociales y repudio público, la Justicia de La resolución se dio a conocer este miércoles, tras una audiencia realizada de manera virtual por la jueza contravencional de turno, Viviana Fernández, quien inició de oficio la causa el 22 de julio pasado, a partir de la viralización de un video en el que se observaba a los involucrados escribiendo sus nombres sobre el paisaje rocoso de la montaña.

Durante la audiencia, llevada a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams con la colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, se presentaron Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos oriundos del partido bonaerense de Carlos Casares.

El video que desató el proceso judicial fue grabado por un residente mendocino, que los enfrentó en el momento en que realizaban las pintadas. Ante el reproche, los turistas alegaron que “no sabían” que esa conducta estaba prohibida, aunque en la filmación se perciben actitudes desafiantes y, según lo informado, insultos por parte de una tercera persona mayor que acompañaba al grupo.

La jueza Fernández evaluó los gastos derivados de las tareas de remediación ambiental llevadas a cabo por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, así como la situación personal de cada imputado, y resolvió imponer una sanción económica de 5.000 unidades fijas, equivalentes a $2.100.000, a pagar de manera conjunta. El monto fue notificado mediante un boleto de pago de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), enviado por correo electrónico a las direcciones personales informadas durante el proceso. El plazo para abonar la multa es de diez días corridos a partir de la notificación.

La resolución incluyó además una sanción accesoria: cada uno de los tres imputados deberá realizar 20 horas de trabajo comunitario consistente en tareas de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares, su lugar de residencia. Según el comunicado oficial, esta medida fue establecida como “obligación de conducta” y deberá ser cumplida de forma individual. La acreditación de las horas deberá realizarse ante el Ministerio Público Fiscal, mediante el procedimiento de Ley Compulsa, en articulación con el municipio correspondiente.

Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las sanciones, tanto la económica como la comunitaria, derivará en la conversión de la pena en arresto. Esta advertencia fue expresamente comunicada a los tres imputados durante la audiencia.

La causa fue abierta tras la viralización del video en redes sociales y generó la intervención directa de autoridades provinciales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado, quien participó del operativo de limpieza posterior en la zona afectada. El caso encuadró legalmente bajo el artículo 138 quarter del Código Contravencional, que sanciona el daño a bienes de valor natural, histórico o cultural.

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